La literatura escrita desde la Ciencia Política ha planteado la importancia sobre la influencia del poder parlamentario en los diversos regímenes políticos. Desde “El espíritu de las Leyes” de Montesquieu, pasando por los análisis institucionales de Juan Linz sobre la relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los regímenes presidenciales y en los parlamentarios, hasta llegar a la propuesta contemporánea de George Tsebelis sobre la identificación de distintos jugadores con veto en estos sistemas institucionales –por mencionar algunos autores- se han preocupado inherentemente por el papel desempeñado por el funcionamiento del parlamento tanto en su “producción de leyes”, así poder dentro del Estado.
Si bien se le ha asignado al parlamento la principal función de la producción de leyes, o sus reformas, ésta ontología no le exime de contar con otros ejes de influencia al interior del desempeño político de los parlamentarios, lo que principalmente está definido por cada historia que ha definido el rol del poder legislativo dentro de cada sistema político.
A partir de esta idea busco dar paso a plantear un punto para ahondar en el debate que queremos abordar, y este versa sobre el papel de las mayorías legislativas en un sistema en proceso de democratización. Inicialmente parece ser que el papel de las mayorías es diferenciado, dejando de lado la función “histórica” del legislativo en cada caso, según cada diseño institucional de aprobación de leyes y sus reformas.
Las reglas son importantes, o como reconocería el Banco Mundial: “las instituciones importan”, pues estas delimitan las formas en como los actores definen sus estrategias para actuar, como sucede en el campo del parlamento en el momento de definir los requisitos para aprobar o rechazar una iniciativa de ley, o de reforma. Esto es, se establecen los límites mínimos para modificar el estado actual de un ordenamiento legal, o status quo en términos de Tsebelis.
Así, a partir de las reglas se pueden identificar la formación de mayorías legislativas necesarias para lograr la aprobación de una iniciativa o reforma, puede haberlas de manera “simple”, “absoluta” o “calificada”, pero lo que aquí se quiere resaltar es que también se generan los incentivos para cada fuerza política para unirse a una coalición ganadora o a una de veto. Mientras más requisitos se necesiten para modificar el status quo, mayores incentivos tendrán el resto de las fuerzas políticas para rechazar la aprobación de las iniciativas, y el caso inverso también puede suceder.
Pero algo que caracteriza a la política dentro del parlamento es que se busca hacer de la negociación política como un mecanismo para reducir los costos y lograr la adhesión de fuerzas políticas en coaliciones tanto para aprobar o vetar un posible cambio a las leyes.
Detrás de la aprobación o no de iniciativas o reformas a las leyes, de las posturas adoptadas por cada fuerza política, surge el problema de la relación entre los legisladores y la sociedad, y si esta se acaba en la noción de la “representación”. Considero que este último es una idea que no permite definir claramente para el legislador los intereses que debe representar (si los de su circunscripción o de “la nación”), y menos aún le permiten al ciudadano saber en qué momento se le representa, o cuando se le incluye, aunque fuese de manera indirecta, en el debate sobre la generación, aprobación o veto a iniciativas de ley.
Ciertamente la formación de mayorías es importante en el parlamento, pero puede haberlas débiles o simples, así como fuertes, o absolutas o calificadas, pero esto no significa que se estén representando la mayorías de los intereses o preferencias del electorado, y menos aún de la ciudadanía o de “la nación”. Entonces ¿qué le queda por hacer a la ciudadanía ante esta laguna?
Esta es una pregunta sin respuesta clara, pero lo cierto es que requiere una mayor vigilancia de los ciudadanos sobre la agencia de los parlamentarios, así como sobre los productos de la acción legislativa, esto es, identificar quiénes serán los principales beneficiados de cada iniciativa de ley, o su reforma. Sí, nos demanda más tiempo en temas que no nos agraden o se vuelvan complicados de entender, pero si no se hace, ¿cómo sabremos en qué momento nos están representando? Parecería ser que la representación partiría del interés del propio ciudadano para ver que sus preferencias se “llevan” al debate legislativo y ya no desde la idea que se forma el legislador sobre lo que “quieren” sus representados, en especial al momento de una aprobación o veto legislativo. Ya no basta con decir que una mayoría legislativa representa los intereses de la mayoría de los electores, pues nada asegura esta relación. Sólo los ciudadanos podemos vigilar a los legisladores para verificar si nuestros intereses son llevados a la palestra del debate de “la nación”, en cada aprobación o veto a una iniciativa de ley. A nosotros nos debe importar. Chales!!!
Gustavo
Si bien se le ha asignado al parlamento la principal función de la producción de leyes, o sus reformas, ésta ontología no le exime de contar con otros ejes de influencia al interior del desempeño político de los parlamentarios, lo que principalmente está definido por cada historia que ha definido el rol del poder legislativo dentro de cada sistema político.
A partir de esta idea busco dar paso a plantear un punto para ahondar en el debate que queremos abordar, y este versa sobre el papel de las mayorías legislativas en un sistema en proceso de democratización. Inicialmente parece ser que el papel de las mayorías es diferenciado, dejando de lado la función “histórica” del legislativo en cada caso, según cada diseño institucional de aprobación de leyes y sus reformas.
Las reglas son importantes, o como reconocería el Banco Mundial: “las instituciones importan”, pues estas delimitan las formas en como los actores definen sus estrategias para actuar, como sucede en el campo del parlamento en el momento de definir los requisitos para aprobar o rechazar una iniciativa de ley, o de reforma. Esto es, se establecen los límites mínimos para modificar el estado actual de un ordenamiento legal, o status quo en términos de Tsebelis.
Así, a partir de las reglas se pueden identificar la formación de mayorías legislativas necesarias para lograr la aprobación de una iniciativa o reforma, puede haberlas de manera “simple”, “absoluta” o “calificada”, pero lo que aquí se quiere resaltar es que también se generan los incentivos para cada fuerza política para unirse a una coalición ganadora o a una de veto. Mientras más requisitos se necesiten para modificar el status quo, mayores incentivos tendrán el resto de las fuerzas políticas para rechazar la aprobación de las iniciativas, y el caso inverso también puede suceder.
Pero algo que caracteriza a la política dentro del parlamento es que se busca hacer de la negociación política como un mecanismo para reducir los costos y lograr la adhesión de fuerzas políticas en coaliciones tanto para aprobar o vetar un posible cambio a las leyes.
Detrás de la aprobación o no de iniciativas o reformas a las leyes, de las posturas adoptadas por cada fuerza política, surge el problema de la relación entre los legisladores y la sociedad, y si esta se acaba en la noción de la “representación”. Considero que este último es una idea que no permite definir claramente para el legislador los intereses que debe representar (si los de su circunscripción o de “la nación”), y menos aún le permiten al ciudadano saber en qué momento se le representa, o cuando se le incluye, aunque fuese de manera indirecta, en el debate sobre la generación, aprobación o veto a iniciativas de ley.
Ciertamente la formación de mayorías es importante en el parlamento, pero puede haberlas débiles o simples, así como fuertes, o absolutas o calificadas, pero esto no significa que se estén representando la mayorías de los intereses o preferencias del electorado, y menos aún de la ciudadanía o de “la nación”. Entonces ¿qué le queda por hacer a la ciudadanía ante esta laguna?
Esta es una pregunta sin respuesta clara, pero lo cierto es que requiere una mayor vigilancia de los ciudadanos sobre la agencia de los parlamentarios, así como sobre los productos de la acción legislativa, esto es, identificar quiénes serán los principales beneficiados de cada iniciativa de ley, o su reforma. Sí, nos demanda más tiempo en temas que no nos agraden o se vuelvan complicados de entender, pero si no se hace, ¿cómo sabremos en qué momento nos están representando? Parecería ser que la representación partiría del interés del propio ciudadano para ver que sus preferencias se “llevan” al debate legislativo y ya no desde la idea que se forma el legislador sobre lo que “quieren” sus representados, en especial al momento de una aprobación o veto legislativo. Ya no basta con decir que una mayoría legislativa representa los intereses de la mayoría de los electores, pues nada asegura esta relación. Sólo los ciudadanos podemos vigilar a los legisladores para verificar si nuestros intereses son llevados a la palestra del debate de “la nación”, en cada aprobación o veto a una iniciativa de ley. A nosotros nos debe importar. Chales!!!
Gustavo
1 comentario:
Excelente columna
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